#AlertaCIPER

En Chile no hay legislación que sancione la utilización de interpretaciones mañosas o falsedades en las campañas políticas. El vacío legal es enorme. De hecho, el Servel archivó 202 denuncias que recibió durante la última campaña electoral por no tener facultades ni siquiera para investigar, menos para sancionar. Tampoco quiere esas facultades. Ningún otro organismo está mandatado por ley para indagar al respecto. A pesar de los esfuerzos de las agencias periodísticas dedicadas al chequeo de datos, la desinformación corrió con fuerza antes del plebiscito por la nueva Constitución del 4 de septiembre. CIPER rastreó esa propaganda y halló a quienes la impulsaron. Los hubo en el Apruebo y en el Rechazo.

Agradecemos a las autoras de la investigación: Ignacia Herrera, Paulina Toro y Macarena Segovia

Este capítulo fue producido por Matías Jara con la voz de Catalina Albert. Léelo aquí: https://www.ciperchile.cl/2022/10/28/desinformacion-en-el-plebiscito-el-vacio-legal-que-dejo-a-202-denuncias-ante-el-servel-sin-ser-investigadas-ni-sancionadas/

Hasta ahora la contabilidad de la Teletón era un misterio. Nadie sabía cómo se gastan los recursos que año a año se recaudan en las maratones televisivas solidarias que sostienen el trabajo de los 14 centros de rehabilitación que operan en todo el país. CIPER accedió al registro contable y halló que la ex directora ejecutiva de la fundación, y estrecha colaboradora de Don Francisco, Ximena Casarejos, emite boletas mensuales por más de $17 millones por concepto de “asesorías”, y que su yerno, el director de televisión Patricio López, ha recibido casi $100 millones por dirigir el evento televisivo. Otros asesores cercanos del animador Mario Kreutzberger también perciben montos millonarios por participar en la producción. Las 27 horas que dura la transmisión televisiva pueden costar cerca de $5 mil millones, un 15% del total de lo que se recauda.

Agradecemos a los autores de la investigación Macarena Segovia, Benjamín Miranda y Nicolás Sepúlveda.

Este capítulo fue producido por Matías Jara con la voz de Catalina Albert. Léelo aquí: https://www.ciperchile.cl/2022/11/06/asi-se-gasta-la-billetera-de-la-teleton-millonarios-pagos-a-enrique-correa-y-boletas-por-156-millones-a-ximena-casarejos/

Hasta ahora la justificación de los jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para interceptar las comunicaciones de ex militares denunciantes de corrupción, y del periodista Mauricio Weibel, ha sido que ellos estaban filtrando documentos cuya difusión ponía en riesgo la seguridad nacional, aunque eso no se ha comprobado. Ahora, surgen más testimonios de oficiales y suboficiales del Ejército cuyos teléfonos fueron “pinchados”. Las comunicaciones de un cabo fueron intervenidas luego de que denunciara en una entrevista abusos laborales por parte de sus superiores, y un oficial fue monitoreado por rumores que lo acusaban de mantener una relación extramarital con una subordinada.

Agradecemos al autor del reportaje, Nicolás Sepúlveda.

Este episodio fue producido por Matías Jara con la voz de Catalina Albert.  Léelo aquí: https://www.ciperchile.cl/2022/10/09/el-ejercito-pincho-telefonos-de-militares-por-acusaciones-de-infidelidad-y-por-denunciar-abusos-en-la-prensa/

La debacle total del oficialismo se consumó en las comunas populares del Gran Santiago, donde el Apruebo esperaba una victoria que no llegó. Contra todo pronóstico, en ellas el Rechazo también logró cifras contundentes. CIPER recorrió 12 de esas comunas y, sin pretensión de hacer una medición estadística, recogió los argumentos de sus residentes que votaron Rechazo. Que el Estado se apropiaría de las viviendas, que los fondos de pensiones no serían heredables, que se dividiría el país, un voto de castigo al gobierno y rechazo al aborto, fue lo que más se repitió. Vea acá las 120 respuestas.

Agradecemos a los autores de los reportajes: Nicolás Sepúlveda, Macarena Segovia, Paulina Toro, Nicolás Massai, Benjamín Miranda e Ignacia Herrera.

Este episodio fue producido por Nicolás Sepúlveda con la voz de Catalina Albert.

Léelo aquí: https://www.ciperchile.cl/2022/09/07/120-residentes-de-12-comunas-populares-de-la-region-metropolitana-explican-por-que-votaron-rechazo/

La sociedad Mexstone fue constituida sin contratiempos en Chile en diciembre de 2020 y cuatro meses después ya enviaba desde México su primer cargamento de piedras para decorar viviendas. Su segundo embarque, detenido en el Puerto de Manzanillo, ocultaba 1.700 kilos de marihuana. La operación revela la extrema debilidad de los controles chilenos. Una oficina de abogados de Las Condes, una reconocida empresa de transportes, un agente aduanero y dos compañías de bodegaje trabajaron para Mexstone. Todos aseguran que nunca conocieron la verdadera identidad de sus dueños. La trama, desentrañada por una investigación de CIPER y Proceso (México), involucra una serie de sociedades fantasmas con raíces en Guadalajara, Jalisco.

Agradecemos al autor de este reportaje, Nicolás Sepúlveda.

Este episodio fue producido por Catalina Albert y Matías Jara.

Lee aquí el reportaje https://www.ciperchile.cl/2022/07/13/mexstone-la-empresa-creada-en-santiago-por-narcos-mexicanos-que-empleo-a-abogados-transportistas-y-un-agente-de-aduana-chilenos/

En 2018, tras el caso Cascadas y el financiamiento político ilegal, la Corfo obligó a Julio Ponce a renunciar al control sobre SQM como condición para que el Estado le extendiera el arrendamiento del Salar de Atacama. Pero, en la Corfo no conocían la profundidad de los nexos de Ponce con Kowa, la empresa japonesa que -con apenas un 2,3% de SQM- logró instalar a uno de sus ejecutivos en la presidencia de la minera. Ponce nunca ha reconocido el rol clave que tuvo para que Kowa se instalara en Chile. CIPER pudo acreditar que fue fundador, accionista, director y gerente general de filiales de la japonesa en nuestro país. Los mismos roles han ocupado su hermano, Eugenio Ponce, y su abogado de confianza: Roberto Guzmán Lyon. El nuevo presidente de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto, fue director de una de las cascadas con que Ponce ha gobernado la minera.

Agradecemos al autor de este reportaje, Nicolás Sepúlveda.

Este episodio fue producido por Catalina Albert y Matías Jara.

Hace algunas semanas, los laboratorios de la red privada suspendieron los exámenes para detectar el coronavirus por el quiebre de stock de un reactivo. El Ministro Mañalich aseguró que en la red pública hay insumos para realizar el test pero, por esos mismos días, el más importante de los centros de análisis de la red pública estuvo al borde de paralizar el procesamiento de esos test. Por otro lado, por lo menos hasta el 13 de mayo había en una bodega de la Cenabast 200 mil kits donados por la CPC para hacer el examen, y que podrían usarse en la red pública.

El código “Mascarilla 19” que deben usar las mujeres que sufren violencia doméstica no está funcionando en todas las farmacias. A más de 20 días de su puesta en marcha, el Ministerio de la Mujer no respondió a CIPER las consultas sobre el balance de la iniciativa, adoptada por el incremento de las agresiones durante el primer mes de las cuarentenas. Ahora que el encierro afecta a 32 comunas y casi 7 millones de personas en la Región Metropolitana, el aumento puede ser mucho más grave. Los otros dispositivos para auxiliar a las mujeres –un teléfono, un whatsapp y un chat­– reciben a diario más de 600 llamados y 190 mensajes, pero no se sabe cuántas mujeres han encontrado una solución efectiva a través de estos canales.

Por lo menos 22 municipios, además de la subsecretaría de Energía y el Gobierno Regional de Aysén, han contratado a Itelecom. Esa empresa hoy es investigada por las Fiscalías de Tarapacá, Ñuble y Metropolitana Centro Norte por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos. Entre los indagados figuran, entre otros, cuatro concejales y un juez de Policía Local. CIPER revisó las órdenes de compra de distintas entidades públicas a favor de Itelecom en los últimos tres años. En total, los contratos que favorecieron a la empresa desde 2017 suman al menos $44 mil millones.

En abril, Punta Arenas estuvo dos veces al límite de su capacidad para atender casos críticos, pero salió adelante. Adaptaron el hospital para atender prioritariamente Covid-19, aumentaron sus camas UCI, reorganizaron turnos y reemplazos, montaron un laboratorio para procesar exámenes y mantienen en alerta el sistema de evacuación aérea de pacientes. Aunque la respuesta local ha sido eficiente, la ciudad que tiene el mayor nivel de contagio en el país ya está al límite. Ahora depende de que las autoridades centrales envíen más ventiladores y personal de reemplazo.

Como el cabo segundo Juan Solís Parra fue identificado uno de los dos carabineros acusados de ser autores de los disparos contra un grupo de manifestantes en La Florida el pasado lunes 27 de abril, hecho que dejó una decena de heridos. CIPER tuvo acceso a documentos internos de la policía en los que se acusó al cabo Solís de mantener nexos con narcos y de haber hechos disparos de madrugada en una “villa fiscal” en 2015.

La ley que permite a los empleadores suspender el pago de remuneraciones fue presentada como una política especialmente enfocada en las Pymes. Por eso, causó controversia que aparecieran grandes compañías acogiéndose al beneficio. Dos asesores del gabinete de la ministra Zaldívar explicaron a CIPER que nada impide que las grandes empresas usen esta ley y que nadie revisa que efectivamente estén en riesgo, porque, en el fondo, se trata de “un pacto de buena fe”. El único camino que tienen los trabajadores que se sientan perjudicados, dijeron, es que demuestren ante la justicia que se trataba de empresas económicamente sanas.

La diferencia entre la cifra de muertos del mes de marzo de 2020 con los del mismo mes del año pasado ha sido debate público. Algunos han planteado que esa diferencia es mayor y que podría significar que la autoridad sanitaria no está entregando información fidedigna, lo que implicaría que los fallecidos infectados por Covid-19 serían más que los informados oficialmente. En este capítulo de Alerta Ciper te explicamos porque esa premisa no tiene sustento, hasta ahora.

El gobierno compró un millón de kits para exámenes de Covid-19, pero algunos encargados de los laboratorios que los procesan reclaman que no sirven: dicen que las tórulas compradas (una especie de “cotonito” largo) son rígidas, por lo que no pueden introducirse por la nariz hasta la garganta, lo que puede multiplicar los “falsos negativos”. El gobierno pagará $8.900 millones por la compra, pero en el mercado hay productos similares a un tercio del valor a pagar por cada unidad. La empresa que vendió los kits justifica su precio porque serían más seguros y no requieren cadena de frío.

Este capítulo de #AlertaCiper repasa la historia de la reunión de más de 300 líderes evangélicos en Paine que suma más de 30 contagiados por Covid-19, además del fallecimiento del obispo Mario Salfate, también contagiado en ese lugar. En otras comunas del país como Osorno, San Pedro de la Paz, La Pintana y Puente Alto los cultos evangélicos también han sido brotes de contagio del virus. 

Durante su paso por el Hospital de Talca y luego en su velorio y funeral en Romeral (Maule) no se tomaron resguardos. Nadie sabía que Fabiola Machuca era portadora a pesar de que el 25 de marzo la joven había sido derivada a un centro médico de Curicó por sospecha de Covid-19, pero su caso no cumplía con el protocolo y no le hicieron el examen. Dos semanas después falleció en el Hospital de Talca, donde fue tratada por síntomas de leucemia, debido a una insuficiencia respiratoria aguda. El test se tomó recién tras su deceso. Su familia, el personal médico que la atendió y asistentes a su funeral son monitoreados.

CIPER conversó con 25 repartidores de cuatro empresas: Uber Eats, Pedidos Ya, Rappi y Cornershop. Ninguno tiene acceso a baño y al menos hasta el 30 de marzo sólo cuatro habían recibido alcohol gel y mascarillas de sus empleadores. Las empresas destinaron un “fondo de emergencia” para mantener los ingresos de repartidores que se contagien, pero lo que preocupa a varios trabajadores es que no han podido acceder a elementos básicos de protección. En medio de la cuarentena más de 15 mil repartidores que operan en el país se han convertido en fuente vital de abastecimiento para miles de hogares.

El economista inglés Francis Green plantea que los colegios privados dañan la democracia, pues jueces, ministros y empresarios terminan saliendo de un mismo grupo; y anulan la meritocracia, al facilitar el acceso de la elite a las mejores universidades y trabajos. En este capítulo, la periodista y experta en educación, Marcela Ramos, explica los principales problemas que ese tipo de educación le causan al sistema público.

Luego de un reportaje de CIPER, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que no hay fecha para la llegada de más de 1.500 respiradores mecánicos adquiridos por Chile para hacer frente al coronavirus. En Radio Biobío señaló que se había "prescindido" de los proveedores que vendieron esos respiradores porque "no son capaces de dar respuesta a los requerimientos". CIPER conversó con seis de los principales proveedores en Chile de ventiladores mecánicos. Los equipos son clave para evitar muertes masivas después del peak de contagios por Covid-19 que se espera para fines de abril. Cinco reconocieron que es imposible fijar una fecha de arribo de los aparatos. El restante –Medtronic, que vendió 839 unidades–, dijo que el Minsal debe entregar la información, pero las autoridades no responden esta pregunta. La decisión de Donald Trump de bloquear la salida de insumos médicos desde Estados Unidos, la “guerra de los ventiladores” en Europa y la sobredemanda mundial complican la llegada.

CIPER accedió a documentos y testimonios de médicos que indican que en La Araucanía –donde se decretó cuarentena para Temuco–, Coquimbo, Antofagasta y Arica y Parinacota, se han incumplido los protocolos del Minsal y se han aplicado menos exámenes para detectar Covid-19. Falta de insumos es la explicación recurrente. Ante la escasez, los test se reservaron solo para pacientes graves que requerían hospitalización. Quienes consultaron con síntomas leves, fueron enviados a sus casas sin hacerles pruebas. Esto impide mantener un monitoreo correcto sobre el avance de la enfermedad y deja a la autoridad a ciegas para proyectar medidas de contención.