Politika

En pocas palabras, la baja legitimidad es la poca capacidad de las autoridades para convencer y producir obediencia convencida. Cuando se contrastan las opiniones de la gente con las percepciones del Gobierno hay una diferencia enorme que, justamente, provoca el mayor enfrentamiento. Y no se percibe que las élites busquen salidas políticas urgentes, pues el discurso gubernamental y el desempeño de los congresistas no hace sino recalentar el ambiente, resentir los ánimos y atizar más el conflicto. Podrán quedarse todos, pero los problemas también.

Los parlamentarios no tienen ningún incentivo para votar por adelanto de elecciones. Y si tampoco hay reelección -que siempre abre una posibilidad de mantenerse- ni compensación a sus proyecciones económicas hasta julio del 2026, los desincentivos son mayúsculos, pues perderían ingresos estatus, beneficios no económicos y cuotas de poder cuando no representación de intereses mercantilistas o mafiosos. Si ha eso se agrega que estamos al frente de un parlamento fraccionado en más de una docena de bancadas, la posibilidad de llegar a acuerdos para alcanzar votaciones altas, es baja.

¿Qué podría pasar si no hay adelanto ni renuncia? El deterioro de la vida pública se extenderá, los conflictos abrirán nuevos flancos y formas, el impacto en la economía adquirirá bríos y la inestabilidad y el radicalismo crecerán. Si esto se descontrola no habrá canal que se resista. Al cortar las salidas institucionales se abren los causes del desgobierno y no se debería descartar una presencia más activa de los militares en el poder. La renuncia no es una humillación, no otorga el triunfo a los marchantes y menos al “terrorismo”. La presidenta no tiene por que temer, salvo la cárcel, como varios de sus predecesores. No es poca cosa, como tampoco su persistencia en el poder.

Los pocos acuerdos democráticos que se establecieron a inicios de siglo están casi rotos. Los extremos de izquierda y derecha no ven otra cosa que la desaprobación de los que no son iguales. Pocos momentos en la historia peruana han concentrado todos los condimentos para asfixiar la convivencia social. Por lo que el Congreso debe aceptar que el país no da más y necesita con urgencia una fecha cierta de elecciones y cambio de mando. Es una salida constitucional y política, con un mensaje potente que permitirá descomprimir la explosión social, cuyos costos son lamentablemente altos. Lo único que se necesita es voluntad política, que, como vemos a diario, es lo que más escasea.

No hay ningún un escenario promisorio. Con un adelanto de elecciones estaríamos eligiendo representantes que nacen de reglas no reformadas. Estaremos pagando lo mal hecho y lo que no se quiso hacer, pero las elecciones son siempre una oportunidad, por lo menos para no seguir hundiéndonos con la doloroso entierro de más muertos.

El adelanto de elecciones -a través del fin del mandato anticipado tanto del Ejecutivo como del Parlamento- no fue el resultado de una mirada serena de la terrible coyuntura actual, y que requiere ser canalizada institucionalmente, ni menos como un acto de “desprendimiento” o “sacrificio”. Muy por el contrario, hasta antes del 7 de diciembre, fecha del golpe de Estado, las propuestas de adelanto de elecciones presentados por las congresistas Susel Paredes y Digna Calle se encontraban congeladas. Es a través de un hecho externo, la violenta explosión social, que se conecta con dicha consigna que el Congreso, a regañadientes, aprueba el adelanto de elecciones para abril del 2024.

¿Por qué persistir en reformas políticas y colocarlas como condición para la realización de elecciones? En realidad, es mejor aprobarlas y tener un tiempo de ajustes y maduración que no tenerlas. Si no se hubieran aprobado algunas reformas estaríamos peor. Abren siempre una oportunidad, por lo que se debe aprovechar, manteniéndola y complementándola. Por lo tanto, no se debe alimentar falsas expectativas. Una cosa es tratar de trazar el norte y otra asegurar que llegamos en un solo paso

El adelanto de las elecciones exige sacrificar aquello que era pensado para una mejora de la representación política que, si bien no la garantiza en sus efectos inmediatos, encamina, conduce a una mejor vida política en el correr del tiempo. En estas condiciones de disconformidad para casi todos, sería conveniente que esta elección permita solo completar el mandato hasta el 2026. No hay salida perfecta. Esta no lo es, pero al menos el siguiente año un proceso electoral nos entregue una nueva oportunidad.

El gobierno de Dina Boluarte, ya de por sí débil, tiene entonces que lidiar con un Parlamento inconfiable, con un gabinete con agujeros y, sobre todo, saber aplacar las manifestaciones, cuya dinámica está trepando con ira. Y si no hay un manejo adecuado, puede convertirse en el centro de los ataques, con lo que su tiempo regresivo empezará.

A la falta de compromiso con la democracia y con un nefasto diseño institucional se agregan ahora modificaciones inconstitucionales, prácticas torcidas de las normas que nos están dejando desafortunados antecedentes que nos pasarán facturas en el futuro cercano. Se hace imperioso precisar que la vacancia por permanente incapacidad “moral” se refiera a psíquica, incorporar la clara figura de juicio político al presidente de la república por causales de corrupción, así como repensar y reformar nuestro diseño institucional que no canaliza el conflicto, sino lo ahonda. Lo que tenemos, pues, es esta suerte de parlamentarismo criollo.

El tema de fondo para los futuros presidentes es que, sino tienen mayoría como en el último quinquenio, con una cuestión de confianza acotada e interpretada por el Parlamento como es ahora, se tendría gobiernos maniatados. A final de cuentas gobiernos sin poder gobernar. En cualquier parte eso se llama, simple y llanamente, desequilibrio de poderes. Una reforma debe modificar esta situación de hecho, no necesariamente para regresar a la fase anterior, sino repensar qué diseño nos permite canalizar el conflicto y limitar el poder. Esta no es la única tarea pendiente, pero vaya que es importante.

En los 15 meses de su mandato Pedro Castillo ha aprendiendo mucho. Lástima que no a gobernar, sino a cómo enfrentarse a la oposición usando todos los recursos, incluidos los vedados. Ya no estamos delante de un presidente huidizo y hasta temeroso, un presidente que se escondía bajo su sombrero y de la luz pública como sus redes más cercanas que asaltaban las arcas del Estado, sin iniciativa política frente a sus opositores, solícito ante los suyos y condescendiente ante su vehículo electoral, Perú Libre. Ahora es activo, inquisidor y amenazante. 

En ambos lados de la vereda vemos políticos advenedizos que saben que la oportunidad que les ofrece un sistema político con tantas grietas permite que para alcanzar la representación no se requiera haber hecho carrera política, sino una cierta influencia en cualquier campo de la vida, incluida la ilegal. Un país con tanta informalidad, no podía tener una representación de signo contrario.

Con una izquierda y una derecha que no producen ideas, es difícil que la política no sea como la que vemos y rechazamos. Ninguno es superior al otro. Si los ciudadanos deben involucrarse más en los asuntos públicos, los políticos deben hacer política de ideas. Si no, nos resignaremos a ver a un presidente y a un Congreso, reproduciéndose tanto como su mediocridad.

En el 2020, gracias a la campaña de desinformación, millones de norteamericanos creyeron –como un acto de fe donde la evidencia no importaba– que Joe Biden no había triunfado, sino Donald Trump, a quien le arrebataban el triunfo y se le impedía seguir gobernando. Todo ello a partir de una compleja y sutil conspiración contra él. El impacto generó rechazo hacia los resultados, manifestándose en niveles de violencia nunca antes vistos, que llegó a su expresión más alta en el asalto al Capitolio.

En nuestro país, hasta las elecciones del 2021, nunca en toda la historia de la República se había desarrollado un operativo de desprestigio –de un proceso electoral, de los organismos electorales y de quienes cuestionaban esos argumentos–, contando con la venia de muchos medios de comunicación, que ofrecían una cobertura sin mínimos filtros. Desconocer el resultado sobre las bases de la desinformación, ha desprestigiado las elecciones y ha dañado muestro sistema democrático. Lastimosamente, para muchos, el fin justifica los medios.

La crítica situación por la que pasa el gobierno de Pedro Castillo parece insostenible. El tema es que la salida de Castillo no resolverá el serio problema que hunde sus raíces desde hace décadas y que el último quinquenio se exacerbó de manera pronunciada. El actual presidente lo hereda y lo empeora con las peores prácticas posibles. Es hijo de las circunstancias, de las estructuras sociales y económicas quebradas y de un edificio institucional malformado e ineficaz. Tenemos reglas de juego que incentivan a los aventureros y ahuyentan a los que desean una mejor política representativa.

Si la inestabilidad, la ingobernabilidad y la carencia de políticas públicas duraderas no han resuelto los problemas del país ¿Se debe a que el presidencialismo no ha funcionado o es por nuestro modelo de presidencialismo parlamentarizado? Si esto último es cierto, habría que modificarlo. Pero ¿se puede modificar con los partidos informales y altamente personalizados que tenemos? ¿Se puede lograr con las élites políticas que creen que la democracia es el sistema de normas solo cuando les conviene? ¿Hay que esperar entonces que todo cambie para hacer los cambios? Si eso es así, entonces lo único permanente será nuestra inestabilidad.

Hoy los partidos nacionales y los movimientos regionales son, sobre todo, vehículos electorales, donde llegada a la estación electoral todos se bajan y, a la siguiente, varios se suben a otras organizaciones. Es el mejor escenario para el acceso de políticos aventureros y mafiosos que han poblado listas en cada elección. Con este panorama, no se podía esperar algo distinto el 2 de octubre. Así fue.

Lo que muestra el mapa de los resultados de la representación peruana es la tremenda diferenciación entre la que proviene de Lima y el resto del país. Lima no es la muestra representativa nacional, como ocurría hasta la década de los ochenta. Esto es parte de la extrema fragilidad de los partidos políticos nacionales, que son incapaces de articular y canalizar intereses en regiones y provincias, siendo desplazados, nuevamente, por movimientos regionales que reproducen, sin embargo, los mismos problemas que los partidos: frágiles y personalistas, convirtiéndose solo en vehículos electorales. Y es que, con casi la misma oferta y las mismas reglas, no podía salir algo distinto.

Los partidos son pobres y los candidatos lo son en todos sus aspectos. Como ejemplo, los candidatos ofrecen lo que no pueden cumplir, desconocen las funciones regionales o municipales y generan un festín de populismo. Esto se dejó ver de manera patética en los debates electorales. Estos dejaron más dudas que respuestas y, cuando no, legítimas decepciones. Y si extendemos la mirada a las campañas en redes sociales, hay una tendencia de los candidatos a tratar a los electores como débiles mentales. El único programa que se muestra es el programa de la generalidad o la demagogia. Lamentablemente, estos candidatos son los reales y los partidos son formales. Lo que sí algo puede cambiar son las corrientes de opinión sobre los candidatos en estos cinco días que, en términos electorales en el Perú, es casi un largo plazo. Para el 2 de octubre, nada está dicho.

Si bien el necesario financiamiento público para los partidos, ha sido destinado a favorecer a algunos dirigentes o allegados, que no benefician a la organización y sus miembros, provoca, además, el rechazo ciudadano que no gusta de este tipo de financiamiento. El problema es que es una suerte de mal necesario. Si no hay financiamiento público, las organizaciones caerán (más) a manos de quienes tiene recursos, las corporaciones o el dinero ilícito. Peor no podía ser.

Entre el 2021-2026 los partidos recibirán 78 millones de los recursos públicos. La distribución se hace de acuerdo a los votos obtenidos. El dinero lo recibe el partido y no la bancada parlamentaria. Pero, en un año, 33 congresistas ya abandonaron su bancada de origen. Un cuarto del total del parlamento.  Es necesario replantear la distribución. Esta no debe originarse en los votos obtenidos, sino en los escaños que logró. Y cada año, se debe ajustar dicha distribución. Si un partido pierde curules, pierde dinero público. Esto no arregla la relación bancada-partido, pero al menos este último, no llena sus arcas de manera tan fácil, como la forma como lo despilfarra.

La rotación de ministros en el ejecutivo y el cambio de bancadas por parte de congresistas es altamente nocivo. Con partidos débiles e informales, con baja cohesión interna y ahora sin experiencia por la falta de reelección, tenemos políticos en el ejecutivo y parlamento, que transitan por cargos y organizaciones, en donde poco se puede esperar para que los poderes del Estado adquieran un mínimo de funcionalidad y mucho menos que piensen en el bien común. Más bien, lo común es que piensen en ellos mismos. ".

Aún funciona una relación de identidad, particularmente en un escenario de polarización. Una franja de la opinión pública lo considera uno de los suyos. Siente las denuncias como ataques; sobre todo, cuando hay una carga racista y clasista -que las ha habido- en sus críticos y en la propia prensa. Pero, la identificación está también relacionada con el rechazo. Y el rechazo está centrado en la oposición, en el Congreso. No por gusto la aprobación del Congreso es apenas del 8% y su desaprobación es un abultado 87%. Este es un factor importante para que el rechazo al gobierno de Pedro Castillo no sea mayor y permite pensar que cualquier salida que le ponga fin del mandato de manera anticipada será para ambos o no será.

La excarcelación de Antauro Humala ha trastocado parte de la agende política. El momento es el más oportuno para Pedro Castillo, pues su situación legal se agrava. En medio de ellos, Vladimir Cerrón. Uno sale de la cárcel y los otros dos pueden ingresar a ella. Pero los barrotes no son lo único que los relaciona. Esta triada de políticos se necesitan, pero Antauro Humala menos que los otros. Sin embargo, también es cierto que mantenerse en el ojo público no le será fácil. Por ahora está inflado. Escenario complejo el presente, pues, como en el juego, alinear a los tres en raya será muy complicado. Más sencillo es que terminen rayados.

Pedro Castillo ha pasado de ser un presidente silencioso que no prestaba declaraciones a desatar una febril campaña comunicativa que arrastra a sus ministros a los inocuos consejos de descentralizados, visitas a diversas localidades y presentaciones en Palacio de Gobierno con invitados dispuestos a aplaudir, acompañado del poco controlado premier Aníbal Torres, vociferando cual plaza pública, ofreciendo, amenazando y victimizándose. Ha pasado por eso de presidente a candidato. Si el primer cargo le es esquivo, el segundo lo hace con solvencia, pues ofrecer no cuesta nada, sobre todo, cuando está en riesgo su presente como presidente y su futuro como ciudadano libre.

Estamos en un momento de una seria crisis de representación generalizada. Pero, se sostiene con razón, que una nueva elección presidencial y parlamentaria, no cambiaría mucho las cosas, pues los mismos partidos y las mismas reglas, no tienen porque dar distintos resultados. La salida no es fácil, ni tampoco se puede afirmar que la situación se va a revertir drásticamente con solo nuevas elecciones. Para empezar hay un tema de oferta política. Es más después de las elecciones del 2021 solo se han inscritos dos partidos políticos. Es decir, si no hay personas capaces y éticamente irreprochables dispuestas a ingresar a la política, las reglas podrán cambiar, pero los resultados no necesariamente.

Un año del gobierno de Pedro Castillo, parece más mucho más que los doce meses. La densidad del tiempo ha hecho que en el Perú, pensar el fin de mes parezca el largo plazo. Nunca en tan poco tiempo se ha discutido tanto como el fin de un gobierno. Pero Pedro Castillo sigue allí. Efectivamente sigue, pero ya es parte de un gobierno envejecido. El discurso de 28 de julio es la muestra más palpable de un presidente que tiene muy poco que decir y mucho por cuidarse. Ya no hay gobierno, se sobrevive, mientras la ciudadanía experimenta la frustración y el desosiego.

El rechazo que produce el Parlamento, mayor que el del presidente, no permite que desde allí se abra con claridad y facilidad una salida política a un gobierno que ya no puede dar muestras de poder cambiar en una mejor dirección, pues ahora solo quiere sobrevivir y allanarse un futuro que lo aleje de las rejas. Por eso, mucha gente no quiere otro año en peligro. Solo quiere, que se vayan todos.

Desde el momento en que se discute el final adelantado del mandato de un gobierno, es porque la posibilidad que este hecho suceda es alta. Pero, si además, ocurre lo mismo con respecto al Congreso, el deterioro de las instituciones representativas es alarmante. A casi un año de mandato del presidente y el Congreso, la crisis que se arrastra desde el 2016 ha adquirido contornos alarmantes. Nuestra opaca y descreditada élite política nos ha sumido, en el último quinquenio, en una voragine con pendiente de caída que no se detiene y no se tiene recuerdo

¿Qué queremos como sistema político democrático? ¿Cuáles son las vigas maestras que deben soportarlo? Es el momento de preguntarnos acerca de nuestra presidencialismo parlamentarizado, modelo que, si bien es una construcción histórica, lo cierto es que es único -no existe en ninguna parte-, pero no bueno. Se trata de un presidencialismo con incrustaciones de los sistemas parlamentarios que no terminan de ajustarse, pero sí producen graves alteraciones políticas. Eso se ha visto con meridiana claridad en el último lustro ".

La renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre, no necesariamente es una ruptura definitiva. Vladimir Cerrón se mueve ahora coincidiendo con la oposición de derecha, como se ha visto con la censura al ministro del interior. Sin embargo, puede no sumarse a un tercer intento de vacancia. Esto porque la sucesora, Dina Boluarte, puede correr la suerte de la inhabilitación por parte del Congreso, por lo que podría desarrollarse una salida política no controlada ni deseada por ellos, de adelanto de elecciones. Este escenario, es el peor para Cerrón pues carecería de candidato, difícilmente pasaría la valla electoral, no tendría bancada, perdería su inscripción como partido y, no menos importante, dejaría de recibir casi dos millones de soles anuales del financiamiento público que recibe Perú Libre. Es decir, Cerrón sabe que, más allá de sus amenazas, esto es solo un hasta luego.

Hoy en el Perú, cualquiera que no está de acuerdo con alguna decisión de la ONPE o el JNE sostiene que es fraude o que hay un intento para conseguirlo. Los perdedores no están dispuestos a aceptar que las elecciones en el Perú, son de las más garantistas. Es preferible eso que reconocer que se equivocaron o que simplemente el electorado decidió de otra manera. La élite política no solo no representa bien, sino que carece de mínimas convicciones democráticas. Por ganar un poco, está dispuesta a derribar todo.

Es entendible el rechazo que provoca la Bicameralidad en nuestro país. Pero, también es cierto que, un diseño de parlamento así es muy superior al que tenemos y padecemos. No hay un diseño perfecto ni congresistas que saldrán de solubles tierras fértiles de nuestro paramo político. Un parlamento Bicameral siempre traerá oportunidades para mejorar, el unicameralismo ha demostrado que no traerá ninguna.

Se debate en el Congreso el dictamen sobre la Bicameralidad, propuesta que no cuenta con la simpatía ciudadana. Sin embargo, dos cámaras son importantes para representar mejor, equilibrar poderes, mejorar la calidad legislativa y contribuir a la gobernabilidad. El dictamen debe ser mejorado para no desaprovechar una oportunidad que pocas veces se presenta.

Los proyectos de ley que plantean la Bicameralidad, marcan la buena dirección de la reforma más trascendente, la de mayo impacto. El debate está abierto.

La peor consecuencia de no prestarles atención a los temas públicos es que la política se deja en manos solo de los políticos. Estos tendrán mayor autonomía de hacer y deshacer con mucha libertad sin rendir cuentas de sus actos. Hay políticos que hacen bien las cosas y son responsables, pero en nuestro país la cantidad de los que no lo son los superan. El desempeño de estos últimos desacredita a todos y si se tienen normas deficientes se crean desincentivos que hacen que muchos se retiren de la política y que otros tantos no quieran ingresar a ella. Se ha incrementado entonces el ingreso a la política de los aventureros, mercantilistas, canalizadores de intereses informales y -en vista de que está prohibida la reelección- de los inexpertos. Una ciudadanía desatenta, desinteresada, frustrada, por más entendible de su postura, es más vulnerable a la desinformación y a la manipulación.

Locales de votación acondicionados, logísticamente todo preparado, protocolos de seguridad, información en abundancia, facilidades para electores con discapacidad, personal de la ONPE, el JNE y de las Fuerzas Armadas desplegados a nivel nacional, mesas de votación instaladas en casi el triple de distritos, en comparación con el 2020 y más de S/ 50 millones invertidos para las elecciones internas de los partidos políticos realizadas el 15 de mayo, pero faltó lo más importante: los electores. En gran parte de la jornada electoral hubo más personas que se encargaban de todos los detalles antes anotados que electores. Los organismos electorales estaban presentes; los partidos políticos, ausentes.

La ley aprobada ataca, justamente, al Sunedu porque ha cumplido con los objetivos de la reforma. Allí donde cinco de sus miembros eran seleccionados por concurso público, la ley incorpora a representantes de colegios profesionales, que hoy son poblados por decenas de miles que provienen de universidades no licenciadas. Además, estarán presentes representantes de universidades públicas y privadas. Es decir, en el organismo regulador estarán representados los regulados. El apoyo a esta ley proviene justamente de aquellos que saben que volverán al mismo negocio y se flexibilizarán las condiciones que, repetimos, son mínimas. Luchar por una mejor calidad educativa es labrar el futuro. No dejemos que los mercachifles regresen.

Sí, es posible poner fin al mandato de manera anticipada. Esto pasa por un acuerdo político, como ocurrió en el 2000, que permita que este se materialice en modificaciones legales e incluso constitucionales. El serio problema de la representación política es de tal naturaleza que, si se busca una real salida a esta profunda crisis, será necesario reformas de orden electoral y política. De lo contrario, la representación será igual a la que tenemos y no habrá cambios significativos.

El presidente Pedro Castillo y la izquierda han hecho de la asamblea constituyente la ilusión del cambio que produciría una Constitución que sería el resultado de un “nuevo pacto social” y que llevaría al país a un edén donde se realizarían todos los sueños. De la misma manera, la derecha cree que una asamblea constituyente sería el fin de sus días. Ni uno ni otro, pero un elemento más para la polarización. Lo que sí parece cierto, es que una convocatoria de esta naturaleza arrojaría la misma calidad representativa de la que tenemos en el Parlamento, por lo que no se podría esperar una Constitución que es imaginada como un libro sagrado.

La insuficiente regulación del financiamiento público, permite una alta discrecionalidad de los partidos políticos, que han mostrado irresponsabilidad en el uso de los recursos públicos al pagar talleres de dudosa calidad, consultorías muy costosas o no gastado en el año para acumular varios y comprar un local partidario. El dinero es necesario para hacer política, pero mal usado puede acabar con la política.

El 5 de abril, denostado en un momento por la propia hija en campaña, sigue siendo una fecha de la que el fujimorismo no puede renunciar, pues de lo contrario, se caería todo el armazón y narrativa de vida. Deben defenderlo los antiguos y comerse un sapo los nuevos y conversos. Pero, de la misma manera, a tres décadas de aquel golpe, no debe haber duda ni confusión, pues puede haber una democracia defectuosa, pero no hay golpe bueno. La democracia se puede corregir, el golpe nunca.

El Congreso puede incorporar la figura de “juicio político” como tiene Estados Unidos o Brasil, aun cuando en un diseño de parlamento bicameral, que garantiza un procedimiento adecuado. Pero si el partido de Gobierno tiene una mayoría que impida hasta presentar la solicitud, esta salida estaría bloqueada. Otros países han incorporado la figura de la revocatoria del mandato presidencial. Un camino más largo y no poco polémico. En cualquier caso, dejar la figura de la vacancia como está, es tratar de defender la democracia, como claman algunos, violándola.

La crisis política que se viene arrastrando desde el 2016 ha llegado a un nivel insostenible, pero estamos delante de un entrampamiento entre Gobierno y oposición.

Mientras la atención está centrada en el presidente Pedro Castillo y el pedido de vacancia, el Congreso sigue aprobando varios dictámenes cuyos beneficiados son los mismos congresistas y sus allegados. En lo que va de este mandato, mucho de lo que se cocina en la Comisión de Constitución y Reglamento termina siendo un menú indigesto para las instituciones políticas. Los proyectos aprobados son, por lo demás, textos cuyos contenidos son propios de la contrarreforma política.

En el fondo, ante una crisis generalizada, pueden desarrollarse soluciones de todo tipo, incluso cambiando la Constitución, pero debe de tener como soporte, un acuerdo político, como sucedió en el 2000. Lamentablemente, eso no garantiza que una nueva elección no produzca más de lo mismo. Sin ampliar la oferta política y una mínima reforma política, estaremos de nuevo ante un escenario igual, cambiando solo los políticos de hoy por los políticos de ayer.

El Congreso y el Ejecutivo se han planteado una “tregua”. Ambos se han dado cuenta que no tienen la fuerza para deshacerse del otro y peor, temen hundirse en medio de la crisis. Esta es pues una tregua producto de los temores. Pero, el gobierno y la oposición tienen más en común que lo que aparentan. En este Podcast lo sustentamos.

La crisis política no se detiene. Tanto Ejecutivo como el Congreso se amenazan, pero ambos tienen altísimo rechazo de la ciudadanía. En el hipotético escenario de una vacancia o renuncia presidencial (y vice presidencial) se convocaría a elecciones. ¿Serían solo presidenciales o también parlamentarias? ¿cuáles son las interpretaciones? ¿Qué implicancias tiene cada escenario?