Guatemala, la historia silenciada. (1944-1989) Autor: Carlos Sabino

Durante las cuatro décadas que cubre nuestro estudio Guatemala no logró desarrollar un sistema político capaz de absorber o neutralizar a las minorías que intentaban destruirlo. Esa fue su debilidad y, sin duda, una de las causas del drama que tuvo que vivir durante tanto tiempo. Pero, a pesar de sus limitaciones y de sus flaquezas, el sistema logró sobrevivir y adaptarse, ganó en legitimación ante la opinión pública y se hizo más abierto.

El detallado recuento que hicimos en el capítulo anterior habrá hecho que muchos lectores, sin poder evitarlo, se pregunten: ¿Por qué? ¿Por qué razón debieron de morir tantas personas –no importa ahora su número ni su condición– por obra de un conflicto tan despiadado y tan brutal? Al repasar lo acontecido puede tenerse la sensación de que un sino peculiar, trágico y absurdo, hubiese impuesto a Guatemala una carga insoportable de largos sufrimientos.

Afirmar que se produjeron 37,000 y no 200,000 muertos solo cambia la magnitud cuantitativa de la tragedia y de ningún modo la hace moralmente justificable o menos importante. Quienes piensan que exagerando e inflando los números favorecen a las víctimas del conflicto caen presa de su propia ilusión, pues la verdadera justicia no puede levantarse sino sobre la base de la verdad histórica, de afirmaciones verificables y lo más sólidas posibles. Esta discusión, sin duda alguna, nos remite directamente a otro de los problemas más importantes que aparecen siempre cuando se trata de hacer historia reciente: el de la objetividad.

Con una idea aproximada de las víctimas fatales que sufrió el ejército, la guerrilla y la población campesina que fue víctima de las masacres, nos resta ahora volver sobre los puntos que no hemos podido evaluar todavía, los civiles que cayeron en el campo y la ciudad como resultado de actos que no podemos considerar como masacres.

El concepto de masacre no es preciso ni exacto, por lo que ha sido usado de un modo bastante poco uniforme en la bibliografía. El diccionario de la Real Academia lo define como “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”. En el Compendio de Historia de Guatemala, por otra parte, se da una definición bastante extraña, pues en ella se incluyen solamente las acciones llevadas a cabo por el ejército y no por otras fuerzas armadas: “Por masacre se entiende toda aquella matanza perpetrada por fuerzas militares, en la que son muertos indiscriminadamente personas combatientes y no combatientes”. Llama la atención, además de la exclusión mencionada, que se considere también masacre a las acciones producidas en combate (por fuerza “indiscriminadas”) y no se puntualice que las víctimas deban ser civiles, o por lo menos “indefensas”, como lo dice la más tradicional pero apropiada definición de la Academia.

Para hacer una estimación realista y objetiva del número total de víctimas fatales del enfrentamiento armado interno que, en diversas fases y modalidades, se desarrolló en Guatemala desde 1960 hasta 1996, es preciso partir de algunas aclaraciones conceptuales que nos ayuden a precisar el problema. Como marco general de referencia conviene considerar, en primer lugar, los factores que tienden a aumentar o disminuir los conteos y estimaciones de las que disponemos.

La CEH realizó un extenso trabajo para conocer las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el largo período del enfrentamiento armado. “La Comisión recibió un total de 7,338 testimonios de declarantes” en los que se hizo referencia a 42,275 víctimas cuyos derechos fueron violados en hechos de diversa naturaleza.535 Un 48.39% de estas víctimas sufrieron “ejecuciones arbitrarias” o “desapariciones forzadas” y, si a estos casos se le agregan algunas otras causas de muerte que incluye la Comisión, se llega a un total de 24,910 personas que fallecieron por causa del conflicto interno.

Durante mucho tiempo diversos autores han ido proponiendo estimaciones sobre el número de víctimas de un enfrentamiento que, todavía, se estaba desarrollando en diversas áreas del país. Haremos un recuento, seguidamente, de varias fuentes que –como es natural– poseen diferentes sesgos ideológicos y modalidades diversas de aproximarse al tema en estudio.

La prolongada violencia política que sufrió Guatemala durante el período que abarca nuestra investigación produjo, indudablemente, una gran cantidad de víctimas de todo tipo. Mucha gente murió o quedó herida, otros desaparecieron más o menos misteriosamente, muchos tuvieron que desplazarse dentro del país o emigrar fuera de sus fronteras y no fueron pocos los que quedaron afectados porque sus familiares fueron muertos, secuestrados, perseguidos o amenazados. El historiador, casi siempre, se ve compelido a hacer la macabra cuenta de estas víctimas.

La mágica noche del 11 de noviembre de 1989 millares de alemanes que vivían en la parte oriental de Berlín cruzaron la frontera y comenzaron a derribar el muro que los gobernantes comunistas habían construido 28 años antes. Fue una fiesta, una celebración alegre y multitudinaria que duró toda la noche y que marcó simbólicamente el fin de lo que había sido uno de los sistemas más opresivos y brutales que haya construido la humanidad a lo largo de los últimos siglos.

A pesar de sus éxitos el ejército, durante los cinco años del gobierno de Cerezo, mostró una constante inquietud, que llegó a materializarse en dos conatos de golpe de estado que no estuvieron lejos de triunfar. En los documentos que circularon profusamente durante la época aparecen delineadas algunas de las causas de este malestar en los cuarteles que llegó a convertirse, por momentos, en tema central de la política del país. En un comunicado de un “Comando Nacional y Estado Mayor de los Oficiales de la Montaña”508 estos oficiales (nunca plenamente identificados), que estaban en contacto con algunos elementos civiles, manifiestan que la institución armada está gravemente afectada por la corrupción y la concertación con las fuerzas de la guerrilla.

La guerrilla, lo hemos explicado ya, había recibido en estos años golpes devastadores y decisivos. Con la ofensiva iniciada en noviembre de 1981, con la creación y rápida difusión de las PAC y con programas como el de Fusiles y Frijoles, se había detenido por completo su expansión y había sido obligada a retirarse a zonas cada vez más remotas y apartadas. La aparición en 1983 de un nuevo programa, Techo, Tortillas y Trabajo –que se centraba en tareas de reconstrucción– y la creación de las llamadas aldeas modelo poco tiempo después, hicieron que el estado guatemalteco le quitase efectivamente el “agua al pez”: ya la guerrilla no podía aspirar a moverse “como pez en el agua” porque la población campesina, dispersa u opuesta a sus propósitos, no podía o no quería colocarse detrás de ella como una fuerza capaz de darle la victoria.

Después de intentarlo durante mucho tiempo la DCG llegaba por fin al poder, favorecida por los cambios que se habían dado a comienzos de los ochenta, por los sucesivos golpes militares que habían permitido el retorno a un sistema democrático más amplio y plural. Con sus promesas de cambio, con su trayectoria de lucha, Vinicio Cerezo Arévalo contaba, al asumir el mando en enero de 1986, con un amplio caudal de prestigio en la opinión pública y con el respaldo mayoritario del organismo legislativo. Todo permitía augurar que, así favorecido, pudiese emprender una sólida obra de gobierno.

No habiendo un candidato oficial, pues el gobierno de Mejía Víctores actuó con bastante prescindencia en este sentido, eran varias las opciones políticas que tenían real posibilidad de llegar al poder. Todas competían en un ambiente abierto mientras, en algunas zonas del interior, proseguían unas operaciones contrainsurgentes cada vez más lejanas y que ya resultaban de menor trascendencia para el ciudadano común.

La constitución que surgió de la asamblea reflejó el estado de ánimo prevaleciente en el momento. Los acuerdos –a veces forzados– entre opiniones contrastantes, le dieron al texto una cierta falta de sistematización y de unidad, en tanto que la preocupación por los abusos del pasado reciente hizo que el tema de los derechos humanos se tratase de un modo excesivamente detallado, impropio de un texto constitucional. Lo mismo ocurrió con otros temas, y por eso se ha observado que en la nueva constitución se produjo “la inclusión de muchos asuntos de carácter no constitucional sino reglamentario”, del mismo modo que sucedió, apuntamos nosotros, con la constitución promulgada en 1945.

El estilo del nuevo gobierno resultó muy diferente al del anterior. Esto se debió, en buena medida, a que las personalidades de los dos generales que los encabezaron en poco se parecían: Ríos Montt era histriónico y directo, despreocupado a veces por las formas, personalista y sin duda convencido de que podía cumplir la misión de salvar a Guatemala de los muchos males que la aquejaban; Mejía Víctores, por el contrario, era un hombre sin ambiciones personales, que no deseaba aparecer en público, sereno, callado y poco carismático.

Los intentos conspirativos no habían cesado desde ese 23 de marzo de 1982. Desde el MLN Leonel Sisniega Otero prosiguió con su labor casi desde el mismo momento en que se sintió injustamente apartado del poder, pues había sido uno de los artífices del derrocamiento del general Lucas. En el ejército abundaban los oficiales que solo habían querido que se repitieran las elecciones de 1982, no que se estableciese un nuevo gobierno militar, pues su objetivo era –precisamente– apartar al ejército de la vida política, concentrarlo en su lucha contra la guerrilla y acabar con la corrupción.

Mientras la lucha en el campo iba decidiéndose, cada vez más claramente, en contra de la guerrilla, en el escenario político también se producían cambios de importancia. La junta surgida el 23 de marzo tendría que desarrollar, en un primer momento, una decidida labor para poder consolidarse en el gobierno, pues había varios problemas que debía resolver en lo inmediato de modo imperioso.

En esa época también se lanzó el plan Victoria 82, la primera tentativa de enmarcar la lucha contrainsurgente dentro de una visión coherente y de largo plazo. Por eso Victoria 82 comenzaba con una exposición de los “objetivos nacionales actuales”, donde se afirmaban ciertos valores generales –como la integración nacional y la paz– y se destacaba como meta principal “hacer sentir a la ciudadanía que la autoridad está al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la autoridad”. Más concretamente, en cuanto a la estrategia militar, se fijaban como objetivos principales “negar el acceso a los subversivos a la población”, recuperar aquellos miembros de la guerrilla “que sea posible” y “eliminar a los subversivos que no quieran deponer las armas”.

Quienes se levantaron en armas en marzo de 1982 pensaban que la guerra interna se estaba perdiendo. Tal vez esta era una percepción demasiado pesimista que no tomaba en cuenta los logros de la contraofensiva lanzada a finales del año pasado, pero en todo caso era un sentimiento ampliamente extendido que preocupaba a los oficiales que luchaban en el terreno día a día contra los insurgentes. La guerra se estaba perdiendo, muchos pensaban, no tanto porque el enemigo fuese poderoso en sí mismo sino porque estaba conquistando a la población campesina. Las represalias del ejército, casi siempre indiscriminadas y a veces de una brutalidad extrema, estaban enajenando a los habitantes del campo, que se sentían indefensos ante los ataques de ambos bandos.

En los meses siguientes Rios Montt puso práctica, de un modo u otro, lo esencial de este proyecto. Lo hizo a través de programas concretos, bien definidos, por lo que el analista no tiene mayores problemas para delinear las acciones principales de una gestión que resultó concreta y focalizada y que, no puede negarse, se atuvo a lo prometido en su presentación inicial.

Efraín Ríos Montt es sin duda uno de los personajes más complejos y controversiales del drama histórico guatemalteco. Aún hoy, décadas después de los sucesos que estamos relatando, se expresan sobre su persona las opiniones más dispares y divergentes, cargadas casi siempre de admiración o de odio, contrastantes y fuertes. Hay quienes piensan que fue un ambicioso que deseaba perpetuarse en el poder y otros que lo recuerdan como un verdadero estadista; quienes lo consideran un “psicópata”, “deschavetado”, que realizó un despiadado genocidio o un gobernante valiente y sincero, que llevó a cauces más racionales el enfrentamiento armado existente.

Desde tiempo atrás, los oficiales de inteligencia y el propio general Otto Spiegeler se oponían abiertamente a que se continuase la tradición de postular como candidatos –y asegurar el triunfo– de quienes fuesen los ministros de la Defensa del gobierno en funciones. El propio presidente Lucas se hizo eco de estas ideas también, aunque infructuosamente, en los meses anteriores a la campaña.

Los resultados de las elecciones del 7 marzo no arrojaron mayores sorpresas. Los datos oficiales dieron la victoria al general Angel Aníbal Guevara, seguido por Mario Sandoval Alarcón, Alejandro Maldonado Aguirre y Gustavo Anzueto Vielman, en ese orden.419 Pocos días después el congreso, controlado por los partidos del oficialismo, perfeccionó la elección y otorgó la presidencia al general Guevara. Pero el escrutinio fue cuestionado de inmediato por todos los candidatos perdedores y un clima de profundo malestar se extendió por el país. No eran muchos los que estaban dispuestos a aceptar pasivamente estos resultados.

Resulta difícil calificar al sistema político vigente entonces en Guatemala como una democracia liberal, respetuosa de la ley, abierta a todas las formaciones políticas que quisiesen participar en el juego político y llegar al poder. Pero tampoco puede decirse, en propiedad, que el país viviese una dictadura. El sistema vigente, por razones bastante claras, se apartaba un poco de los modelos que tradicionalmente la ciencia política ha utilizado para clasificar a los regímenes políticos concretos.

No se piense que los sucesos que acabamos de relatar, cruciales para el futuro de Guatemala, acaparaban entonces la atención de la opinión pública nacional. Las peculiares circunstancias que vivía el país hacían que ese violento enfrentamiento quedase como en segundo plano, amortiguado en sus repercusiones: sus ecos llegaban a la capital y afectaban a quienes debían viajar al occidente del país, por cierto, pero no por eso alcanzaban a transfigurar la vida de quienes habitaban la ciudad de Guatemala. El país no vivía realmente como en guerra, y solo en ciertas áreas del interior se podía percibir la situación de un modo diferente.

Chupol es un caserío, enclavado en la montaña, que queda muy cerca de la carretera Panamericana que atraviesa toda Guatemala. Cuando, viniendo desde la capital por esta vía, se entra al departamento de El Quiche, el viajero penetra en una especie de desfiladero, rodeado de elevaciones que llegan hasta los 3,000 metros de altura. Allí, según se relata, habría comenzado a fines de 1981 la verdadera contraofensiva que hizo retroceder a la guerrilla del EGP hasta los pocos baluartes que le quedaron más tarde. En realidad la ofensiva comenzó un poco más hacia el este, cerca de Chimaltenango, pero Chupol debe recordarse como el sitio en que se libró una de los encuentros más intensos y decisivos de todo el enfrentamiento armado en Guatemala.

Dos fueron los cambios principales que se iniciaron. El primero fue adoptar una actitud diferente hacia la población civil, acabar con la represión indiscriminada y tratar de ganarse a la gente. El cambio de actitud que habían experimentado los campesinos convergía así con el que se daba ahora en el ejército, provocando un aislamiento fatal para las fuerzas guerrilleras. Los civiles, en este nuevo enfoque, se convertían entonces en la población que era necesario ganar para la causa, no en los odiados sospechosos que colaboraban con la subversión.

El segundo, más táctico y estratégico, contribuyó a acelerar el declive de la acción guerrillera en varios puntos de la geografía nacional. El ejército dejó de estar encerrado en sus cuarteles, como si se tratara de una guerra regular contra un enemigo convencional y pasó, gradualmente, a adoptar muchos de los métodos de lucha de los propios guerrilleros.

La situación en que habían quedado los campesinos, mayormente indígenas, se había vuelto realmente intolerable. “La gente ya no tenía salida, no podíamos trabajar, no podíamos vivir”; estaban acosados por la guerrilla y por el ejército, controlados en todos sus movimientos, sin poder atender sus milpas y sus pocos animales, atemorizados y empobrecidos por un conflicto que no daba señales de terminar y cobraba cada vez más vidas. Algo se debía hacer, pensaban, para acabar con un estado de cosas que los llevaba a la ruina.

No es posible comprender a fondo lo que sucedía en las zonas donde actuaba la guerrilla si no se toma en cuenta el papel que jugó la Iglesia Católica durante este período del conflicto armado. Catequistas, misioneros y sacerdotes abrazaron con mayor o menor pasión la lucha social, llegando algunos a incorporarse a la guerrilla del EGP, colaborando otros de un modo algo menos directo, o asumiendo –según los casos– posiciones menos comprometidas, pero siempre favorables a la lucha social y críticas del orden establecido. En el Quiché la propia diócesis asumió posturas bastante radicales.

Los campesinos de las áreas en conflicto, en varios departamentos del occidente, se vieron atrapados así entre dos fuegos, impotentes para escapar a las mortales amenazas que sobre ellos se cernían, encerrados en un círculo del que no podían salir. Miles de vidas fueron destrozadas, millares perecieron, tuvieron que huir o vieron como sus familias quedaban deshechas. Y la tragedia fue peor porque, cada vez que un bando recurría a la violencia y cometía alguna atrocidad, el otro bando respondía de forma si se quiere más brutal o más sangrienta, provocando una escalada que, en muchas ocasiones, llegó hasta extremos demenciales.

Con este amplio y diversificado apoyo, con la existencia paralela de otras organizaciones que, como las FAR y la ORPA, mantenían sus propios frentes independientes de lucha, el EGP se sintió cada vez más fuerte a medida que concluía la década de los setenta y los acontecimientos internacionales iban creando un marco cada vez más propicio a la consumación de sus objetivos. Su meta final estaba ya al alcance de sus manos, o al menos así lo parecía.

La idea de golpear al ejército para luego desaparecer, básica para la acción guerrillera, no podía resultar efectiva a largo plazo si no se lograba, paralelamente, una sólida base de apoyo, un respaldo efectivo y entusiasta entre la población campesina. Solo un respaldo creciente, que se convirtiera en una amplia movilización de “las masas”, podía expandir el núcleo inicial de combatientes hasta convertirlo en un verdadero ejército que, como en China o en Vietnam, pudiese desafiar al poder central y finalmente derrotarlo.

La estrategia general de un movimiento guerrillero consiste en concentrar sus fuerzas hacia objetivos limitados, golpear con toda la efectividad posible y luego dispersarse otra vez hacia regiones que son poco accesibles, o donde resulta posible diluirse en medio de la población civil. La guerrilla parte de la constatación de una inferioridad de fuerzas, por lo que se ve obligada a rehuir todo combate abierto –que podría destruirla de una vez ante la disparidad de efectivos existente– y a utilizar la táctica de realizar pequeñas pero continuas emboscadas cuando las condiciones le resultan favorables.

Los cuerpos de seguridad habían comenzado a interesarse cada vez más por ciertas actividades que, en algunas residencias de la ciudad, parecían demostrar que allí se concentraban militantes guerrilleros. La red de informantes policiales permanecía atenta y, se dice que con ayuda de expertos argentinos, logró encontrar que en ciertas casas había un movimiento inusitado que se reflejaba en altas facturas mensuales de teléfonos y de electricidad. No era para menos, pues se habían relajado las normas de seguridad y, en el constante movimiento al que obligaba la lucha, vivían en algunas casas de la guerrilla hasta cincuenta personas.

Ya hemos comentado333 que la política exterior de Jimmy Carter se basaba en dos ejes: defender los derechos humanos, en especial contra las acciones de los gobiernos del continente que más actividades represivas realizaban, y promover una serie de reformas que pretendían quitar la razón de ser a la insurgencia comunista, realizando parte de su programa, tomando sus banderas contra lo que se percibía, en el Departamento de Estado sobre todo, como el dominio de una cerrada oligarquía insensible a los justos reclamos populares.

Entre las acciones más destacadas de 1980 cabe mencionar los atentados fallidos que, posiblemente ejecutados por el EGP, trataron de eliminar a dos conocidas figuras del régimen, el Ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez y el jefe de la Policía Nacional, general Germán Chupina. Se realizaron pocos días después de la toma de la embajada de España, posiblemente como represalia contra quienes se consideraba responsables por las muertes ocurridas, colocando poderosas cargas de dinamita ante el paso de los vehículos de esos funcionarios.

Durante los años 1979 y 1980 se fueron multiplicando las acciones armadas de la guerrilla en un país que se iba hundiendo, sin pausa, en el camino de la violencia. El EGP, sobre todo, que ya tenía varios años actuando en las zonas poco pobladas del norte del Quiché, se fue mostrando gradualmente más audaz en sus objetivos y sus métodos de lucha.

Buena parte de la opinión pública, en los días y semanas siguientes, respaldó al gobierno del general Lucas destacando la dudosa conducta del embajador Cajal, a quien se sindicó como cómplice de la acción de los ocupantes y responsable –al menos parcial– de los trágicos hechos ocurridos. Pero no sucedió así fuera del país, donde la imagen del gobierno quedó seriamente afectada. España, en un gesto inusual, rompió relaciones con Guatemala, poniendo de relieve el hecho de que la policía había entrado a la embajada, un recinto extraterritorial, sin la autorización del diplomático acreditado en el país. Con su ostensible rechazo, para ser más precisos.

Diversos son los puntos que nos parece necesario comentar, antes de proseguir con el relato histórico que desarrollamos en este libro. El carácter del tema, tan espinoso, y las innumerables acusaciones que se han lanzado a lo largo de los años, nos parece que así lo demandan.

Hacia la una de la tarde las tropas especiales de la policía comenzaron a prepararse para penetrar en la sede española y se comenzaron a vivir momentos muy tensos, mientras centenares de personas, desde el exterior, comentaban lo que estaba sucediendo, impotentes para hacer algo concreto frente al conflicto planteado.

Uno de los elementos que hacen más difícil relatar lo que luego sucedió es que nadie, en el gobierno, se hizo responsable expresamente por el curso que desde allí en adelante seguirían los sucesos. Desde la embajada no se logró hablar con ningún alto funcionario, hasta que por fin quedó cortada la comunicación con el exterior, ni hubo ninguna información oficial de cómo se habría de proceder.

La embajada había sido tomada sin mayor dificultad, pues el edificio no tenía custodia ni vigilancia policial y el grupo – conformado por 27 personas, según se pudo establecer después– dispuso rápidamente de las instalaciones cerrando las puertas del local, anunciando su intención de permanecer allí hasta que el gobierno los atendiera y declarando que tomaban como rehenes a todas las personas que se encontraban en el recinto. Aparte del embajador y de los tres notables abogados mencionados estaban en la embajada el secretario de esa dependencia, seis empleadas que trabajaban allí y un ciudadano español que, por pura coincidencia, había acudido al lugar para realizar gestiones personales.

La decisión de dirigirse a la embajada de España no parece haber sido casual. Ese país había enviado un nuevo embajador a Guatemala en agosto del año anterior, una persona que, ya antes de llegar al país, suscitó una viva controversia en diversos círculos de opinión. Máximo Cajal, vinculado al partido socialista, formaba parte de una nueva camada de diplomáticos españoles que nada tenía que ver con la filiación franquista de sus antecesores y que, por todo lo que se puede deducir de sus actuaciones y de la lectura de sus escritos, se inclinaba visiblemente hacia la izquierda.

Un grupo de campesinos, provenientes de El Quiché, llegó a la ciudad de Guatemala a comienzos o mediados de enero: exactamente cuántos eran y qué propósitos tenían no ha sido determinado con completa exactitud, pero su propósito manifiesto era protestar por la represión que se estaba produciendo en la zona. Los campesinos exigían al gobierno “la exhumación de cadáveres de campesinos secuestrados en una de las aldeas del municipio de Uspantán, muertos, según se dijo, por el Ejército y arrojados a una cuneta, haciéndolos pasar por guerrilleros. Perseguían demostrar que los cadáveres a exhumarse no eran de guerrilleros sino de sus compañeros indígenas”.

El 18 de septiembre de 1979, con el asalto a la finca Mujuilá, en San Marcos, saldría a la luz pública una nueva organización guerrillera, la ORPA, que actuaría pronto con mucha fuerza en el occidente del país, desde la frontera mexicana hasta Sololá, aproximadamente. Si bien la ORPA no trabajaría en principio en conexión directa con el EGP, o con las preexistentes FAR, había una colaboración estratégica entre todos estos grupos armados,

Las estadísticas que hemos recopilado sobre la base de informaciones de prensa, y todas las fuentes consultadas, indican que se produce un claro y visible aumento de la violencia en Guatemala a partir de 1980. Se puede verificar que, entre el comienzo y el final de este período de gobierno, se multiplican casi por 10 el número total de hechos de violencia política, especialmente los ataques de la guerrilla, los enfrentamientos entre esta y el ejército y los actos de sabotaje que se suceden en muy diversas partes del país. Lo mismo ocurre con el número de muertos y de heridos, como es natural, marcando un visible contraste con lo acontecido durante el período de gobierno anterior.

Fernando Romeo Lucas García provenía de la Alta Verapaz y era un militar de carácter reservado, tozudo y un tanto tosco, que se había criado en el medio rural y todavía selvático de la parte norte de ese departamento y del sur del Petén. Muchos lo han considerado persona de escasas luces debido a la impresión que causaba su carácter adusto. Pero en realidad no le faltaba inteligencia, aunque la rudeza de su trato y su timidez habían hecho a muchos calificarlo de otro modo.

El punto siguiente en esta escalada de violencia ocurrió el 29 de mayo, cerca de un mes antes de que el nuevo presidente, Romeo Lucas García, asumiese su cargo. La llamada masacre de Panzós avivó el interés internacional por la represión que ocurría en Guatemala y dio en cierto modo un giro a la lucha, pues de allí en adelante muchos gobiernos y organizaciones no gubernamentales comenzaron a denunciar en firme al gobierno del país y a levantar su clamor por el irrespeto a los derechos humanos de la población indígena y campesina.

Mientras la ORPA desarrollaba con éxito su fase de preparación y las FAR continuaban con sus acciones puntuales, el EGP continuaba su expansión en el área del Quiché y regiones aledañas, cada vez más audaz en sus acciones, cada vez más confiado en que la victoria podría sonreírle en un futuro bastante cercano. La situación general de Centroamérica se iba tornando con el tiempo más favorable a sus propósitos, pues los sandinistas ganaban terreno en Nicaragua y se asistía a un aumento de la violencia en El Salvador, donde la guerrilla se iba afirmando y extendiendo con velocidad.